LA INSTAURACIÓN DEL PATRIARCADO MODERNO

LA INSTAURACIÓN DEL PATRIARCADO MODERNO. EL CÓDIGO CIVIL FRANCÉS DE 1804  

Y EL CODIGO CIVIL ESPAÑOL DE 1889

La revolución francesa de 1789, si se juzga desde sus actos y no desde su desvergonzada palabrería “emancipadora”, supone el robustecimiento súbito y descomunal del Estado francés, sobre todo en su brazo militar, para conquistar Europa y, después, el mundo. El programa colonialista de la revolución dio origen a un militarismo exacerbado, del que resultó un periodo de guerras a gran escala con Napoleón ejerciendo como el Hitler del siglo XIX. Todo ello exigía y era el pretexto para enclaustrar a las mujeres de las clases populares en el hogar, a parir y criar hijos. El mencionado código, en su Libro Primero, titulado en francés “Des Personnes” (“De las personas”), estatuye la patria potestad y la familia patriarcal con bastante rigor, en la que la mujer queda sometida a “la potestad marital”, estableciendo su dependencia en detalle, por tanto, las restricciones a su libertad política y civil. Éstas, con ser muy graves, no eran ilimitadas, pues se concretaban en los puntos fijados por dicho código, mientras que en el resto de los asuntos había igualdad jurídica, realizando así el imperio de la ley para toda la sociedad. Ello significa que el patriarcado no es el todo ni es la arbitrariedad absoluta, como preconizan demagógicamente algunos autores, sino un sistema concreto, regulado y con límites precisos, como cualquier otro asunto de la vida real.

La promulgación de la infausta e ignominiosa “Constitución Política de la Monarquía Española”, de 1812, estableció las bases para plagiar aquí el sistema legal francés con el propósito de convertir el muy imperfecto régimen patriarcal precedente, que en poco afectaba a las clases populares, en un orden efectivo, respetado por el temor que ocasiona la norma legal, y omnipresente. Pero tal operación de recrecimiento, en calidad y cantidad, del Estado encontró una enconada resistencia popular en todas sus metas particulares. Las clases populares defendieron los bienes comunales, el régimen de concejo abierto, las venerables instituciones de ayuda mutua, la autonomía y soberanía del municipio, su cultura de auto-creación, el uso mínimo del dinero y la independencia frente al mercado, las relaciones de afecto, respeto e igualdad entre los dos sexos y la convivencia en la familia extensa y la comunidad horizontal, con enorme energía y tenacidad.

Ello explica que hasta 1889 no pudiera promulgarse un Código Civil estatal-burgués español, retraso que no fue motivado por algún tipo de negligencia o de dificultades técnicas, sino porque hasta esa fecha no estaba suficientemente triturada la resistencia popular como para sacar a escena e imponer ese perverso documento jurídico, que con sus mañas se empeñó no sólo en oprimir a la mujer y en enfrentar entre sí a los dos sexos, sino también en desnaturalizar, envilecer y poner al servicio del poder constituido a la familia, que así comenzó a dejar de ser una institución asentada en relaciones de amor, colectivismo e igualdad para hacerse una copia del aparato estatal, del ejército sobre todo, con el varón ejerciendo de jefe.

Retornado al presente, hay una pregunta que hacer, ¿cómo es posible que el Estado pueda ser ahora la instancia liberadora número uno de las mujeres, cuando este ha impuesto y mantenido, por la coacción que estatuyen sus leyes, la opresión de la mujer, es decir, el sistema patriarcal? ¿Qué ha sucedido para que el antaño sujeto agente de la misoginia, el Estado, sea hoy el abanderado por antonomasia de “la liberación de la mujer”? Ello cuestiona el mayor logro del feminismo, el Estado feminista, esto es, el Estado neo-patriarcal.

El otorgamiento del derecho de voto a las mujeres en la Constitución republicana española de 1931 (art. 36) no ha de entenderse como una acción favorable del progresismo hacia las féminas, como algo meramente ideológico, pues el radicalismo jacobino y el republicanismo son rigurosamente misóginos, más que los fascismos. Una prueba de esto es que el Estatuto Municipal de 1924, promulgado por la dictadura de Primo de Rivera, concedía el derecho de voto, activo y pasivo, a las mujeres que reunían determinadas condiciones (ser cabezas de familia), lo que permitió que un cierto número de féminas fueran elegidas como alcaldesas y concejalas en las elecciones municipales, principalmente en las pequeñas poblaciones, donde menos influyó la misoginia, un fenómeno sobre todo urbano y de las clases pudientes, lo que explica que la primera alcaldesa de lo que se denomina con gran impropiedad España fuera designada en la alicantina población de Quatretondreta, deliciosa aldea de unos pocos cientos de habitantes, aunque también en grandes ciudades como Madrid, Málaga y otras. Eso sucedió por primera vez en la historia del país tras la abolición de facto del régimen concejil.

Además, el Directorio Militar llevó a la Asamblea Nacional Consultiva, en tanto que remedo del parlamento, a siete mujeres, en 1927. Así pues, fue el ejército español el más interesado en “emancipar” a las féminas, situando por primera vez a un puñado de ellas en puestos de notable responsabilidad dentro del aparato del Estado, asunto que pone en evidencia la naturaleza militarista del feminismo. Es jocoso que lo que no habían hecho los liberales y progresistas más histriónicos lo hizo un gobierno militar. Además, entre 1927 y 1929, la  Dictadura otorgó más supuestas ventajas a las féminas: regulación del trabajo a domicilio, normativa sobre el seguro de maternidad, etc. No es conveniente olvidar el soporte inmenso, conocido y sobre todo oculto, que el ejército da hoy al movimiento feminista como lo señala el hecho de haber incorporado el feminismo como asignatura obligatoria en la Academia General Militar de Zaragoza, más aún porque la incorporación de la mujer al aparato militar es absolutamente vital para éste en las presentes circunstancias de crisis demográfica grave.

No se puede comprender el feminismo sin situarlo en su permanente entente con el ejército, del que es, de hecho, un apéndice. No hay que olvidar que los manuales de feminismo menos proclives a la mentira admiten que el movimiento feminista creció en flecha en los años inmediatamente posteriores a la I Guerra Mundial en todos los países, cuando a los aparatos militares les interesaba que así fuera, al constatar que no había “guerra total” posible sin la activa participación de las mujeres, y que ésta no podía darse sin un movimiento feminista poderoso. De ahí que la lucha antimilitarista sea una de las más letales para el feminismo.

Los cambios introducidos por la II República Española, a partir de 1931, en lo referente al género son una simple continuidad de los realizados por el régimen militar de Miguel Primo de Rivera. Asimismo, en nada sustantivo se diferencian de los luego implementados por el franquismo. Se puede decir, por tanto, que la política para las mujeres del Directorio, la II República y el franquismo es una y la misma, con inesenciales diferencias debido a los cambios históricos acaecidos y a la verborrea específica de cada una de esas formaciones políticas. Finalmente es el franquismo el que, en su segunda etapa, desmonta lo sustancial del patriarcado[i] para abrir camino al régimen neo-patriarcal actual, en donde el feminismo desempeña las mismas funciones que la Sección Femenina en aquél.

En efecto, la experiencia de la I Guerra Mundial, 1914-18, había mostrado que la rígida preterición de las féminas estatuida por la revolución francesa y sus productos jurídicos, como el ultramisógino Código de 1804, ya no se adecuaba bien a las necesidades estratégicas de los aparatos de mando, dominio y gobierno, dado el desarrollo que había alcanzado el arte de la guerra así como las espeluznantes consecuencias originadas por la ciencia y tecnología a su servicio.

Francia en aquella contienda puso sobre las armas a 8,4 millones de varones entre 18 y 55 años, de los que 1,35 murieron y 3,5 millones fueron heridos, es decir, el 60% de los movilizados fallecieron, quedaron mutilados o con lesiones graves, porcentaje espeluznante que expone bien a las claras cuales son los “privilegios” que disfrutan los varones de las clases populares bajo el patriarcado. Tales datos significan que no había hombres suficientes para librar guerras de tan aterradoras intensidad y dimensiones, por tanto era necesario llamar a filas a las mujeres, por no hablar de las necesidades de mano de obra para la industria militar. En una primera fase se pensó que éstas podían hacerse cargo de tareas secundarias pero decisivas en la industria de guerra e incluso las fuerzas armadas, pero para “emanciparlas” de sus funciones reproductivas tenía que darse otro elemento más: que las colonias y neocolonias, a través de la emigración, proporcionaran la mano de obra necesaria. Esto llevó al auge de los movimientos sufragistas, alentados desde arriba, de los que luego salió el feminismo, que casi siempre ha sido una política e ideología de Estado.

El viejo patriarcado jacobino y napoleónico, copiado en todo del romano, quedó herido de muerte, si bien no desahuciado todavía, con la Gran Guerra, 1914-1918. Esto, examinado en España, llevó al régimen republicano, tan militarista como cualquiera de ellos (recordemos que mantuvo y reforzó la dominación colonial sobre Marruecos), especialmente el francés, a sentar las bases políticas y jurídicas para futuras movilizaciones pro-bélicas de las mujeres, de donde resultó la concesión del derecho formal de sufragio en 1931.

El franquismo, por las condiciones de la época, varió de política respecto a las féminas, aunque bastante menos de lo que habitualmente se cree y sólo en su primer periodo, porque el fascismo con su profundo desprecio por la mujer no es más misógino que el jacobinismo, el progresismo, el constitucionalismo o el parlamentarismo en general. En su primera fase tuvo que tomar la vía de la autarquía económica, pues estaba cercado y aislado por las potencias “democráticas” en la II Guerra Mundial (1939-1945) y un cierto tiempo después, autarquía que también se aplicó a las necesidades demográficas y a la biopolítica, lo que llevó a estatuir un patriarcado según el modelo napoleónico, pero con notables inconsecuencias, como que una parte significativa de la mano de obra industrial estuviera formada por féminas, al mismo tiempo que en el agro éstas seguían estando en igualdad con los varones en el terreno de lo laboral, excluidas las zonas de latifundio.

Un caso significativo es la industria del esparto en Cieza[ii] que, existente desde finales del siglo XIX, tuvo una fuerte expansión en los años cuarenta dando trabajo a un número considerable de mujeres porque, aproximadamente el 50% de las labores eran desarrolladas por manos femeninas, así, eran ellas las que actuaban de “picaoras”, “capacheras”, “pleiteras”, “pelaoras”, “estropajeras” y otros. A diferencia de la ortodoxia presente, ni las mujeres ni los hombres consideraron que el trabajo a salario mejorara en nada sus vidas, al contrario, recuerdan que eran “empleados en condiciones penosas, sometidos sus cuerpos a largas, fatigosas y duras jornadas de trabajo a cambio de sueldos de miseria, explotados, oprimidos, humillados y hambrientos”. El 11 de febrero de 2012 uno de los autores tuvo la ocasión de hablar con una mujer que participó en los momentos más florecientes de esa industria. A sus 89 años, recordaba las extenuantes jornadas de trabajo, y expresaba sin vacilaciones que, para ella, el cierre de la fábrica en los años ochenta fue “una liberación”. Este caso y muchos más demuestran que el franquismo desarrolló una política en la cuestión femenina flexible según las circunstancias y, si bien en la primera etapa del régimen primó la imposición del encierro doméstico para la mujer, no fue completo ni generalizado pues eran las metas políticas, económicas y biopolíticas las que orientaban su actuación.

El cambio de las condiciones y, sobre todo, la apertura económica ya plena al exterior con el Plan de Estabilización de 1959 alteró todo sustantivamente. Por un lado, la hegemonía indiscutida de EEUU garantizaba una época de paz en Occidente, por otro, lo prioritario en ese momento era la industrialización y el crecimiento productivo acelerado del país, a través de los Planes de Desarrollo y del resto de la política económica franquista.

Para realizar este objetivo con el suficiente éxito era imprescindible relajar y modificar los controles sobre las féminas introducidos por la legislación emanada de la Constitución de 1812 y sus continuadoras, sobre todo el Código de 1889. Se trataba de que se incorporaran a la producción con convicción y sin trabas legales, culturales, emocionales, sociales, religiosas o de otro tipo. Por ello las cortes franquistas promulgaron la ley de 24-7-1961 sobre derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer, que María Laffitte, condesa de Campo Alange[iii], califica de “hecho importante, aunque con algunas lagunas”. Tal norma se proponía, en síntesis, hacer productivas a las mujeres sin eliminar del todo las trabas sexistas y hay que reconocer que cumplió sus objetivos.

El frenético desarrollismo de los años 60, en España y en Europa, favoreció el auge del feminismo burgués, cuya meta principal es incorporar a la mayoría de las mujeres al trabajo asalariado en la industria y los servicios (y a una minoría a la actividad empresarial). De ahí resultó un incremento formidable de la mano de obra femenina y una integración masiva de las mujeres en la enseñanza media y universitaria, lo que en sí mismo no es compatible, a largo plazo, con el viejo régimen patriarcal. Todo ello, dicho sea de paso, muestra que la condición de las féminas (y de los varones) depende de factores sociales, políticos, económicos y militares cambiantes, susceptibles de ser comprendidos y evaluados y, por tanto, reemplazados a través de la acción revolucionaria, no de nebulosos e indefinidos determinantes cromosómicos y hormonales.

Como se ha dicho, un paso decisivo para desmontar el patriarcado y crear el neo-patriarcado fue la introducción de las mujeres en la enseñanza. Si en el curso 1935-1936 el alumnado femenino universitario era el 9% del total, a finales del franquismo ese porcentaje se había casi cuadruplicado, mientras que en la enseñanza secundaria la proporción de féminas se acercaba a la mitad, siendo hoy mayor el número de ellas que el de varones en ambos niveles educativos. En ese sentido ningún régimen político ha hecho tanto por “la emancipación de las mujeres”, concebida a la manera feminista, como el franquismo. Pero si se considera el sistema neo-patriarcal, uno de cuyos componentes fundamentales es el adoctrinamiento que haga a las mujeres incapaces de pensar, en ese caso la incorporación al sistema educativo es su precondición.

Una reflexión final se impone. El ser humano es político, económico y cultural, tiende a la verdad como una necesidad vital, lo que queda muy por encima de sus condicionantes biológicos. Es trágico que el zoologismo feminista, que concibe a la mujer como aparato reproductivo y cuerpo, sin inteligencia ni voluntad ni sociabilidad ni sensibilidad ni sentido moral propios, esté tomado tal cual del arsenal de las ideas más sañudas de la misoginia. Para el feminismo la mujer no tiene alma, lo mismo que para el machismo más atrabiliario, pues sus funciones empiezan y terminan en la producción, como las del ganado de labor de antaño.

Extracto de “Feminicidio o auto-construcción de la mujer”

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[i] Casi todo el feminismo continúa negando que fue el franquismo el que en su segunda etapa, tras ser en la primera rigurosamente patriarcal, según el modelo surgido de la revolución francesa, desmontó el meollo del patriarcado en el terreno, decisivo, de lo jurídico. Por tanto, tendremos que acudir a un libro feminista que, a regañadientes, lo admite, para probar nuestro aserto, “Historia de la misoginia”, Esperanza Bosch, Victoria A. Ferrer y Margarita Gili. En el capítulo pudorosamente titulado “Las rectificaciones legislativas en España”, reconoce la amplia relación de cambios efectuados por el franquismo en este ámbito. Comienza por la reforma del Código Civil realizada en 1958, que altera 56 artículos de éste; continúa por la legislación de 1961, la conocida como “Ley de derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer”; sigue con el Decreto de 1-2-1962, que otorga nuevas prerrogativas laborales a las féminas, declarando ilegal la discriminación salarial por razón de sexo y garantizando la excedencia maternal, proceso que culmina con la Norma de 20-8-1970. La Ley de 28-12-1966 permitirá el acceso de las mujeres a la carrera judicial, lo que hará posible que una de ellas sea jueza por primera vez en la historia contemporánea, en 1971. En 1967 se estatuye, en el terreno de las formalidades jurídicas, la igualdad salarial para igual trabajo entre hombres y mujeres, un arma poderosa para incorporar, de forma más general, a las féminas al infierno del trabajo asalariado, donde pueden ser destruidas con más rigurosidad como mujeres y como seres humanos. Las autoras olvidan alguna normativa sustantiva, como la Ley de Relaciones Laborales de 1976, todavía bajo el régimen político y jurídico franquista, que elimina los últimos vestigios de discriminación laboral legal de las mujeres. El parlamentarismo actualmente vigente, heredero y continuador en todo lo esencial del franquismo, continuó la línea de paso del patriarcado al neo-patriarcado, lo que equivale a perfeccionar el primero con la Constitución de 1978, que establece la igualdad ante la ley de ambos sexos (norma que la neo-patriarcal tesis de “la discriminación positiva” de las féminas conculca cada día), la ley de divorcio, en 1981, y la ley del aborto, en 1986.

[ii]  “Tiempos de esparto. Memoria gráfica. Cieza siglo XX” Volumen I, VVAA, Murcia 2002.

[iii] En “Habla la mujer. Resultados de un sondeo sobre la juventud actual”, la autora citada y siete mujeres más, Madrid 1967. Si en algún texto queda quebrantada la absurda idea de “la solidaridad femenina” es en el prólogo de este libro, obra de María Laffitte, condesa de Campo Alange, dama de la burguesía ilustrada afecta al franquismo, igual que el resto del equipo, que manifiesta un desprecio e incomprensión totales, que llega al insulto, hacia las mujeres de las clases trabajadoras, ya sean agrarias o urbanas. Sobre todo, se desencadena contra las féminas rurales, “en estas desgraciadas (sic) el ejercicio del entendimiento es prácticamente nulo”, llega a decir, lo que las equipara a las bestias, al presentarlas como no-humanas. Ello muestra que, en oposición a la mitología feminista, las diferencias de clase y condición social son determinantes entre las mujeres, tanto como entre los hombres. Por lo demás, nótese el léxico y tono misógino con que la autora, que se presenta como feminista, se refiere a otras mujeres. Ello se explica porque el sexismo, al ser ideología de Estado, es absorbido por unos y otras indistintamente, ayer el machista y hoy el feminista. A fin de cuentas, lo que deseaba la selecta gavilla de burguesas que escribe dicho libro, era más mano de obra femenina para sus empresas, o las de sus consortes, a fin de poder rebajar costes y ampliar beneficios.